¿Crees que los servicios de Protocolo de la Comunidad de Madrid actuaron correctamente o debieron ser más flexibles ante la circunstancia de contar con un ministro del Gobierno de España que no estaba invitado al acto pero que, en el fondo, es un ministro?
El Real Decreto 2099/1983 establece el orden de los invitados, pero no regula quién debe asistir o cómo se componen las presidencias. Es quien organiza el que elige a las personas que se invita con vistas a un fin y obedeciendo a la naturaleza del acto. De todas formas, en la mayoría de los eventos aparecen personas que no estaban invitadas o que declinaron la invitación o que no contestaron nunca, lo cual dificulta la labor de los profesionales, que muchas veces tienen que hacer verdaderos encajes de bolillos para poder reorganizar sin provocar un conflicto.
La profesionalidad de un protocolista no obedece tan solo a la capacidad de conocer y ordenar conforme a la normativa; también ha de ser capaz de reunir las habilidades para hacer frente a estas situaciones. Es por ello que en los últimos tiempos profesionales del protocolo reivindicamos la necesidad de unos mínimos en la necesaria formación inicial y continua que nos doten de las herramientas precisas para afrontar estas situaciones, que necesitan tanto de conocimiento como de experiencia real. Sin embargo, es evidente que la voluntad de resolver este tipo de cuestiones tiene que venir de todas las partes.
¿Pudo evitarse el incidente o, ante las circunstancias políticas conocidas por todos, el problema no tenía solución?
Está claro que las negociaciones previas son fundamentales, pero si no suceden a alguien se las salta, este tipo de conflictos siempre son evitables. Personalmente creo que no habría recurrido a hacer tanto hincapié en la legalidad, sino que apelaría más a la bondad de la otra parte. A pesar de las dificultades y las posibles tensiones raro es que quien no atiende a razones y, de lo contrario, siempre se puede ceder de manera que no haya menoscabo para ninguna de las partes. Este tipo de tensiones no hacen bien a nadie y dañan la imagen de las instituciones, sobremanera en momentos convulsos. Cualquiera puede llegar a comprenderlo: aumentar la tensión donde ya se da una tensión preexistente no es una buena solución. Quienes hemos trabajado en este campo sabemos y hemos sufrido estas tensiones en carne propia sabemos que nunca sale bien.
Precisamente la flexibilidad de la legislación es la que nos permite adaptar los escenarios para evitar los conflictos dentro de unos límites razonables; no permite interpretaciones arbitrarias, pero sí deja espacio para la concordia y la cordialidad.
¿Cuál hubiese sido a tu juicio (teniendo siempre en cuenta las malas relaciones institucionales) la mejor solución?
La solución más adecuada siempre sería que los y las profesionales del protocolo no se viesen influidos por las malas relaciones entre partidos políticos; que se regule la profesión y se profesionalice desde todas las instituciones. Y, desde luego, que se tome mucho más en serio el trabajo previo en relación a este tipo de actos y el respeto a lo que se haya acordado antes de su celebración, tanto desde el lado de las autoridades como de quienes trabajan con ellas. Siempre se gana con respeto y con diálogo.
