La necesidad de realizar cambios en el Real Decreto de Precedencias del Estado

CARLOS FUENTE

Es imprescindible ponerse serio con la necesaria e inevitable actualización del Real Decreto 2099/83, sobre Ordenación General de Precedencias en el Estado. Soy consciente de que tal vez me meta en un charco, pero me puede la profesión y las necesarias mejoras legislativas que necesitamos los profesionales dentro del marco legislativo de protocolo en España. Probablemente quedaría mejor callándome y no señalando nada, pero los problemas van a más en la mayoría de las instituciones por una normativa que está desfasada, antigua y lejos de la España constitucional. Con esta primera reflexión de una serie de ellas que voy a hacer en sucesivas entregas voy a poner sobre la mesa cuestiones que son de interés para iniciar una debate serio y profundo que debería en primera instancia asumir el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE) y ojalá el fruto de esos debates encuentre la necesaria sensibilidad por parte del gobierno central. Un Real Decreto creado de forma “forzada” y obligada por las circunstancias, tras aprobarse la Constitución de 1978, sin visión alguna al posterior desarrollo territorial de nuestro país y que pervive sin apenas modificaciones durante 38 años, precisa ya de una renovación. No se trata de hacer grandes cambios, pero sí de puntualizar matices y adaptar las precedencias tanto del artículo 10 como del 12 y el orden departamental y colegiado (aunque éste último se use menos, pero es clave).

Me voy a encontrar con profesionales cualificados de altas instancias que ya han dicho públicamente y en diferentes foros que prefieren que el Real Decreto siga como está porque les da más facilidades para hacer las adaptaciones o aplicaciones que más interesan en cada acto o bien tirar del llamado pacto entre entidades que no funciona en la mayoría de las comunidades autónomas, municipios y provincias. Es necesario pedir al gobierno central valentía para afrontar este necesario cambio porque ahora esta norma es casi papel mojado para la verdadera realidad institucional global de nuestro país. Sus carencias están provocando que cada comunidad (y ya van 10 y otras dos en proceso) aprueben sus propios decretos de precedencias que terminan por ser inservibles porque su alcance queda siempre limitado por el Real Decreto en cuanto haya participación de autoridades cuya jerarquización no es competencia de la autonomía.

Hay problemas de fondo que son necesarios atajar o fijar directrices para facilitar el trabajo de los profesionales y, sobre todo, garantizar la convivencia institucional. Las costumbres y tradiciones no resuelven cuando se trata de cargos creados con posterioridad a 1983 u otros existentes antes de ese año. No es solución dejar las cosas como están, porque queda acreditado, que, salvo excepciones muy concretas, el pacto protocolario interno en las comunidades no funciona, los ayuntamientos y diputaciones se sienten huérfanos al respecto y, además, se les imponen decisiones en ocasiones claramente injustas o abusivas.

Precedencias rotas actualmente

Las precedencias en el Estado están rotas en este momento porque es de difícil aplicación si queremos un equilibrio justo. Sólo sirven, y en una pequeña parte, para las altas instituciones del Estado (por cierto, que hacen sus propias interpretaciones, lejos de la pequeña letra de la norma). A estas altas instituciones centrales y autonómicas se les permite trazar interpretaciones cuestionables y sus autoridades normalmente lo consienten generando conflicto o malestar, pero la realidad protocolaria de la mayoría de las instituciones autonómicas y locales sufren cada día con la imposible aplicación de la norma, y los “pactos protocolarios” que hoy orbitan se pueden ir al garete cuando los actuales responsables cambien o sus respectivos jefes señalen otras directrices. Nada es seguro si no se recoge en la norma. No seremos capaces de hacer un nuevo Real Decreto que solucione todos los problemas, pero al menos, vayamos avanzando en una legislación que se adecúe a los tiempos. Hoy sencillamente tenemos un formato de norma que ha caducado, sí ha cumplido su papel, pero ya no sirve. Casi 40 años después, con una España que tanto ha cambiado, merece al menos una reflexión importante sobre las prioridades de los cambios y actualizaciones.

Son muchas cuestiones las que debemos reflexionar y en las que cada uno actúa por libre como si hacer precedencias no fuera cosa reservada a un alto responsable de protocolo. De no ser así, entramos en una línea en la que cuando cualquiera lo desee, puede bordear la norma, a veces, de forma muy cuestionable. Las modificaciones posibles no deben cerrar costumbres y tradiciones de cada zona o singularidades específicas, ni la libertad del anfitrión para sentar a sus invitados. No se trata de eso, sino de poner un cierto orden actualizado, unas limitaciones (aunque sean generosas) y, sobre todo, de volver a la realidad institucional del siglo XXI. Aunque parezca fuerte, el 2099/83 es ya del siglo pasado, aunque para mí es como si tuviera una antigüedad de más de cien años.

Temas para el debate y reflexión

Aunque el tema lo voy a ir tratando en sucesivos artículos, quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones de las que es necesario debatir:

• ¿Los infantes de España que no forman parte de la Familia Real deben ir por delante de los presidentes de los poderes del Estado?

• ¿Qué entendemos como jefe de Oposición, y a quién asignamos ese puesto?

• ¿Debe ir el presidente del Tribunal Constitucional por delante del presidente del Consejo General del Poder Judicial?

• ¿Tiene sentido hoy que el delegado o delegada del Gobierno vaya por delante del cargo electo de alcalde? ¿O que estando un secretario de Estado vaya por delante de él?

• ¿Por qué tiene un puesto tan alto el representante institucional de las Fuerzas Armadas y por qué tantos militares en las precedencias? ¿Tiene sentido en estos tiempos? ¿Y por qué no el general jefe de la Guardia Civil o el jefe superior de Policía?

• ¿No está excesivamente retrasado el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma? ¿Por qué el fiscal del TSJ debe ir a su lado?

• ¿En el ámbito autonómico no está muy retrasado el presidente de la Diputación de los cabildos insulares?

• ¿Los directores generales de comunidades autónomas se pueden asimilar a los directores general de ministerios?

• ¿Qué puesto tiene un vicepresidente de comunidad autónoma o un viceconsejero?

• ¿Por qué no se contemplan los diputados autonómicos, regionales o eurodiputados?

• ¿El subdelegado debe de ir por delante de los rectores?

• ¿Por qué es necesario reservar un sitio al presidente de la Audiencia Provincial? ¿Por qué no están los vocales del Consejo General del Poder Judicial? (el único poder del Estado, junto al Tribunal Constitucional, para quien no se prevé sitio a sus vocales).

• ¿Tiene sentido hoy reservar asiento para el delegado de Defensa, subdelegado del mismo, los jefes de los sectores navales y aéreo, al comandante militar, etc.)?

• ¿Quién debe ir antes en un evento, el subdelegado del Gobierno o el delegado territorial de la comunidad autónoma?

• ¿Por qué no están los concejales o diputados provinciales y sí, en cambio, tenemos un buen puñado de militares que dan mucha lata y apenas representan a nadie globalmente hablando?

• ¿Tiene sentido hoy que un representante institucional de las Fuerzas Armadas vaya por delante de un consejero o consejera? ¿Esto es propio del siglo XXI?

• ¿Por qué no se habilita la representación para los presidentes de las comunidades en sus territorios como representantes ordinarios del Estado?

• Y un sinfín de preguntas. ¿No merece la pena reflexionar a fondo sobre esta nueva realidad institucional?

La voz de todos los profesionales

Podría seguir haciendo un puñado de docenas más de preguntas, pero para esta primera entrada prefiero quedarme aquí para ir analizando caso a caso en sucesivos artículos y tratar de aportar opciones a este abandono actual. Una tarea que me propongo propulsar dentro del marco del Observatorio y a la que invito a participar a cualquier persona sensible a estas cuestiones que hemos planteado.

Que hablen los profesionales de protocolo institucional en cualquier nivel que se encuentren o de empresas, por qué no (que también sufren lo suyo por esto), y digan de verdad acerca de si este Real Decreto vigente ayuda más que desayuda. Seamos sinceros, el Real Decreto es ya una reliquia, que solo sirve para quienes les convienen las lagunas actuales.

Considero que la existencia ahora de un Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos, en el que están integradas todas las asociaciones de nuestro país, constituye para el servicio de Protocolo del Estado, que tiene la última palabra, una buena oportunidad para tratar de poner al día esta normativa que evite no ya las ‘guerras’ actuales, sino las que vendrán (que apuntan maneras).