Personas con discapacidad y no minusválidos: el sector de los eventos debe tomar nota

JAVIER AGUADO
Coordinador de Protocolo y Eventos de la ONCE

Ha merecido la pena la espera. Gracias al consenso de las dos grandes formaciones políticas, PP y PSOE, y, por supuesto, al denodado empeño del movimiento asociativo, el artículo 49 de la Constitución se reforma y desaparece el término disminuido y minusválido siendo sustituido por el de “personas con discapacidad”. Esta vieja reivindicación no es baladí para todo el colectivo, que representa más del 10% de la población española. 

Esta reforma de gran calado es algo que afecta, por supuesto, al mundo de los eventos, puesto que a partir de ahora será más fácil hacerlos inclusivos y menos discriminatorios.

Por tercera vez en los 45 años (1978) de historia de nuestra Carta Magna, se ha modificado un artículo. Y en esta ocasión será por el procedimiento de urgencia.

Este reconocimiento tiene una significación especial.  Los términos utilizados eran tan anacrónicos que no tenía ningún sentido mantenerlos en la ley de leyes. Todos los grupos políticos (salvo uno que entiende que es un paripé ese consenso), consideran que es un acto de justicia para los discapacitados que llevaban años breando con este asunto que, finalmente, llegará a buen puerto.

Estamos ante un gran paso de gigante que ha dado la sociedad española y que ha de servir a los organizadores de eventos, en particular. 

Las PERSONAS CON DISCAPACIDAD no precisan de un TRATO DISTINTO, pero SÍ IGUALITARIO Y DE INCLUSIÓN.

Todavía, esperemos que ahora menos, en algunos espacios la señalética que tienen contemplen estas fatídicas palabras.

De igual modo ocurre con los medios de comunicación (no todos), que siguen utilizando el vocablo minusválido en algunos titulares y en el propio cuerpo de la información.

Desde aquí, reclamamos la redacción (ya algunos periódicos lo han hecho) de manuales de estilo para que las redacciones destierren estos términos.

Y, por supuesto, no estaría de más que las agencias de eventos contemplaran en sus manuales, ya no solo esta acepción, sino que dieran un pasito -sin miedo- y fuera de algún modo, de obligado cumplimiento, la utilización del lenguaje inclusivo, accesible y cognitivo dado que la reforma del 49 va más allá…

Reseñar el trabajo en la sombra realizado por todas las organizaciones de las personas con discapacidad englobadas en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) que ha sido clave para que esta reforma, como decimos, se cumpla.

A partir de ahora, se abre un capítulo importante en los derechos que protegen a todos los españoles y españolas, independientemente de su condición y que la Constitución contempla.

España, creemos, ha dado un ejemplo a Europa y al resto del mundo en el que la igualdad y la inclusión son necesarios para que una sociedad progrese en valores y en virtudes. Asimismo, hay que destacar que esta modificación viene precedida de una reivindicación social, del pueblo.

Prueba de ello, es la intervención del diputado Emilio Sáez (PSOE), ex vicepresidente del CERMI y ex deportista paralímpico quien recordó a la Cámara que en la década de los 70 él mismo fue calificado por el Estado como ‘subnormal’, a causa de su poliomielitis (enfermedad muy común en aquellos años); en los años 80 las cartas que le llegaban le calificaban de ‘inválido’; y ya en los 90 los certificados que le expedían la calificación eran de minusválido o disminuido. Ello provocó el estupor de algunos de los presentes que no habían nacido aún.