En el marco del II Congreso de Protocolo y Eventos, celebrado en la ciudad de Mérida, capital de Extremadura, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2022, las personas firmantes pertenecientes al Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE), apoyadas por las asistentes a dicho encuentro, tras los correspondientes debates y reflexiones hacen pública la siguiente DECLARACIÓN:
- Consideramos que la profesión de Protocolo y Organización de Eventos merece un mayor reconocimiento desde las instituciones públicas y privadas, puesto que forma parte activa de la comunicación institucional y corporativa, y desempeña un papel decisivo dentro de las competencias que le son propias. El reconocimiento oficial en 2010 de los estudios universitarios en esta disciplina por la ANECA y el Consejo de Ministros, y la implantación en la oferta académica de seis universidades españolas, tres de ellas públicas, consolida, sin duda, su consideración como enseñanza específica de relevancia en un ámbito tan sensible y fundamental como el de las relaciones institucionales y la gestión de eventos de la relación social y de convivencia.
- Llamamos la atención sobre que este reconocimiento académico debe abrir camino, sin demora, a la exigencia de la citada formación específica y a valorar la experiencia de los profesionales en las convocatorias y ofertas de empleo provenientes de las instituciones públicas y, también, del ámbito privado, evitando, de este modo, el inadmisible intrusismo que, en ocasiones, aparece ligado a decisiones tendenciosas e intereses alejados de la tarea encomendada al servicio de la ciudadanía en su conjunto.
- Afirmamos que, en la tarea de lograr la cobertura profesional de los puestos de trabajo sobre la materia, es imprescindible el compromiso institucional y de los grupos políticos de los parlamentos autonómicos con la promulgación de las normas tendente a la creación de colegios profesionales, donde se agrupen las personas expertas, acreditadas en función a sus estudios, y, en su caso, la experiencia validada por los propios colegios en el ámbito de sus competencias estatuarias. favoreciendo, por esta vía, un bien superior como es la incorporación progresiva de técnicas organizativas considerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- Manifestamos, una vez más, las y los profesionales de protocolo, nuestra exigencia de que las instituciones competentes promuevan la actualización y, en su caso, modificación de las normativas que se aplican en el ámbito oficial y que han quedado obsoletas ante el desarrollo del texto constitucional a lo largo de más de cuarenta años desde su promulgación. De igual modo, ante la aparición de casuísticas nuevas que no pudieron preverse en el inicio del periodo democrático, consideramos imprescindible legislar al respecto y, en otros casos, normar los desarrollos de las leyes para su correcta aplicación.
Apoyamos al Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos (OPPE) en su reivindicación de la importancia de la promulgación de una ley o un texto legal alternativo que, fruto del consenso político, establezca criterios comunes de aplicación y, además, considere en su articulado las peculiaridades propias de cada uno de los territorios de nuestro país, de modo que avale la necesaria flexibilidad de aplicación de las normas que exige un estado compuesto como el nuestro. Con este fin, el OPPE ofrece su experiencia y conocimiento, y su mejor disposición a colaborar en esta tarea con las autoridades.
- Manifestamos que los dos congresos promovidos hasta ahora por el Observatorio (Santiago de Compostela 2021 y Mérida 2022), así como las casi 40 jornadas celebradas entre 2020 y 2022, con más de tres mil profesionales implicados, han dejado patente que resulta necesario un nuevo enfoque del profesional de protocolo y eventos, con conocimientos en diferentes disciplinas y transversales, capaz de situarse en la demanda real actual proyectando con su trabajo el compromiso social abierto, la objetividad y la independencia; con ánimo conciliador; que promueva el acercamiento entre entidades y ciudadanos; que favorezca la proyección de una imagen adecuada de nuestro país; que adapte sus eventos a las exigencias derivadas de las políticas activas en la lucha contra el cambio climático; que defienda la diversidad; que promueva el respeto entre géneros y, en definitiva, que base su actuación profesional en la aplicación de los derechos y libertades establecidos para la ciudadanía en la Constitución Española de 1978.
- Insistimos en la demanda de mayor comprensión social e institucional a la labor de las y los responsables de protocolo y organización de eventos. Lamentamos la simplificación y superficialidad de nuestro trabajo en algunos entornos mediáticos, sociales y políticos. Negamos la simplista vinculación de la profesión con la educación en buenos modales, etiqueta o ceremoniales pretéritos.
- Defendemos la adecuada aplicación, a través de personas profesionales debidamente preparadas y comprometidas, de la normativa y las costumbres que tratan de facilitar el entendimiento; así como su adecuada comunicación a los ciudadanos.
- Reclamamos la generación de oportunidades para quienes se preparan en las universidades para gestionar sus competencias protocolarias. Para ello, expresamos la necesidad de que, al igual que se hace con otras profesiones, las instituciones y organismos públicos, dentro de la normativa vigente, se comprometan con la integración de estudiantes en prácticas en sus departamentos de protocolo y eventos tal como viene sucediendo en las instituciones europeas.
- Reclamamos a las y los profesionales en ejercicio, en sintonía con nuestro propio Código Deontológico, establecido por diferentes asociaciones nacionales e internacionales, un mayor compromiso con las acciones colectivas que persigan el bien general por encima de los intereses de los particulares entornos laborales.
- Insistimos en la importancia de que España cuente de nuevo con la necesaria Jefatura de Protocolo del Estado en órgano unipersonal; que actúe con independencia del poder ejecutivo y, por tanto, no esté adscrito ni orgánica ni funcionalmente a ningún otro alto cargo en la materia tal como es la actual situación de incorporación de esta responsabilidades al jefe de Protocolo de la Presidencia del Gobierno; que sea competente legalmente para generar normativas y sugerencias, en consenso con las comunidades autónomas y las entidades locales; que ejerza como árbitro imparcial ante problemas puntuales; que unifique criterios ante lagunas jurídicas; y que respalde al conjunto de la profesión, concebida ésta como un necesario servicio público.
En Mérida (Extremadura), a 11 de noviembre de 2022
